De 35 a menos de 5 minutos: cómo Clínica Las Condes digitalizó su admisión
Un proceso de admisión médica puede parecer sencillo desde fuera: completar datos, revisar antecedentes y firmar documentos.
Leer artículoChile ya vivió una transformación comparable. En 2003 comenzó la masificación de la factura electrónica, un cambio que permitió reemplazar procesos físicos por operaciones digitales con validez jurídica y tributaria. Más de dos décadas después, el país enfrenta una decisión similar: modernizar el marco legal para que pagarés y letras de cambio puedan emitirse, circular y ejecutarse electrónicamente con mayor certeza.
La discusión no se limita a sustituir una hoja de papel por un archivo digital. Lo que está en juego es la velocidad con que las empresas pueden documentar una obligación, acceder a financiamiento y poner capital de trabajo en movimiento.
Para una gran empresa, un trámite que tarda días puede representar una ineficiencia. Para una micro, pequeña o mediana empresa, esos mismos días pueden definir si alcanza a pagar remuneraciones, reponer inventario, aceptar un nuevo pedido o aprovechar una oportunidad comercial.
Un pagaré electrónico es un documento digital que contiene una promesa de pago y que utiliza mecanismos tecnológicos para acreditar la identidad del firmante, la integridad del documento y el momento de su suscripción.
El proyecto que modifica la Ley N.º 19.799 busca actualizar las reglas aplicables a los documentos electrónicos. Entre otras materias, contempla la firma electrónica avanzada, la marca y el sellado de tiempo, y la emisión y circulación electrónica de pagarés y letras de cambio.
Su importancia práctica está en algo muy concreto: que el documento pueda nacer, conservarse, transferirse y presentarse en un entorno digital con la certeza jurídica necesaria, sin depender de una cadena de traslados, firmas presenciales y custodia física.
Digitalizar no significa escanear un pagaré firmado a mano. Un PDF obtenido desde un documento físico puede facilitar su envío, pero no elimina por sí solo las fricciones del proceso original.
La modernización requiere un flujo digital de principio a fin: identificación del firmante, firma electrónica avanzada, sellado de tiempo, trazabilidad, conservación segura y reglas claras para su circulación y exigibilidad.
Cuando esas piezas se integran, el pagaré deja de depender de sobres, mensajería, archivos y bóvedas. Se convierte en una herramienta capaz de acompañar la velocidad con que hoy operan las empresas.
Estos beneficios no dependen únicamente de convertir el documento a formato electrónico. También requieren estándares técnicos, proveedores confiables, controles de seguridad y un marco jurídico que entregue certeza a todas las partes.
Las pymes suelen enfrentar mayores restricciones de liquidez y menos capacidad administrativa que las grandes empresas. Por eso, el costo de la burocracia no se distribuye de manera uniforme.
Cuando un pagaré exige coordinación presencial, envío físico, revisión manual y custodia documental, la empresa no solo asume gastos directos. También absorbe costos menos visibles:
Un pagaré electrónico no resuelve por sí solo el acceso al crédito. Sin embargo, puede eliminar barreras operativas que hacen más lento y costoso el proceso. Eso abre la puerta a productos financieros más ágiles, trazables y accesibles para empresas de distintos tamaños y ubicaciones.
No existe una única cifra pública que permita calcular cuánto pierde Chile por cada día de retraso. El costo se distribuye entre miles de operaciones: mensajería, almacenamiento, revisión manual, tiempos de espera, traslados y oportunidades comerciales que no siempre pueden esperar.
Por eso, la pregunta correcta no es cuánto cuesta imprimir un pagaré. La pregunta es cuánto valor deja de generarse cuando el crédito sigue avanzando a la velocidad del papel.
“No estamos discutiendo digitalizar un documento de papel que vive en cajones o bóvedas. Estamos discutiendo la velocidad con que se mueve el crédito en Chile”.
— Rafael Pérez, CEO de e-Digital / firmAki
La experiencia de la factura electrónica ofrece una referencia útil. Cuando el Servicio de Impuestos Internos abrió su masificación en 2003, Chile no se limitó a cambiar el soporte de un documento: creó una infraestructura que redujo costos de transacción y facilitó procesos comerciales digitales. La oportunidad actual es avanzar con una lógica semejante para los instrumentos de crédito.
El proyecto de ley que modifica la Ley N.º 19.799 ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el 2 de junio de 2026, bajo el Boletín N.º 18.286-03. La Comisión de Economía lo aprobó en general por unanimidad en agosto y, al momento de redactar este artículo, continuaba su discusión y votación en particular durante el primer trámite constitucional.
La iniciativa busca modernizar el marco de documentos y firmas electrónicas, eliminar exigencias de presencialidad que resulten innecesarias, incorporar herramientas como el sellado de tiempo y habilitar reglas más claras para pagarés y letras de cambio electrónicos.
La discusión legislativa debe cuidar la seguridad, la interoperabilidad y el debido resguardo de los usuarios. Pero esa revisión responsable también debe considerar el costo económico de mantener procesos que ya no responden a la forma en que empresas y personas hacen negocios.
Completar esta modernización permitiría que pagarés y letras de cambio circulen con mayor fluidez, confianza y trazabilidad. También entregaría a bancos, fintech, cooperativas, empresas de factoring y plataformas tecnológicas una base más clara para desarrollar soluciones digitales.
Para Chile, avanzar en el pagaré electrónico significa:
El país ya demostró que puede construir infraestructura digital confiable para documentos esenciales de la economía. El desafío ahora es aplicar esa experiencia a los instrumentos que permiten financiarla.
Cada día de postergación mantiene costos que terminan pagando las empresas, especialmente las más pequeñas. Modernizar la Ley de Firma Electrónica no es solo una actualización tecnológica: es una decisión sobre productividad, competencia e inclusión financiera.
No. Un proceso robusto debe permitir acreditar la identidad del firmante, proteger la integridad del documento, registrar el momento de la firma y conservar trazabilidad durante su ciclo de vida.
Permite vincular al firmante con el documento mediante mecanismos de identificación y seguridad regulados. En el proyecto, es una pieza central para entregar certeza jurídica a pagarés y otros documentos electrónicos.
Es un mecanismo que permite acreditar de forma confiable la fecha y hora asociadas a un documento o firma electrónica. Esto refuerza la trazabilidad y ayuda a demostrar que el documento existía y no fue alterado desde un momento determinado.
No lo garantiza. Las decisiones de financiamiento seguirán dependiendo de las políticas de riesgo y de la situación de cada solicitante. Su aporte consiste en reducir fricciones, tiempos y costos administrativos.
No. Al momento de redactar este artículo, el proyecto continuaba su tramitación legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados. Su contenido y fecha de entrada en vigencia pueden cambiar durante el proceso.
En firmAki ayudamos a empresas a digitalizar sus procesos de firma con seguridad, trazabilidad y una experiencia simple para sus usuarios.
¿Quieres preparar tu organización para operar con documentos digitales de principio a fin? Conversemos con un especialista de firmAki.
Agenda Aki
Agenda una videollamada con nuestro equipo